¿Propuesta de Ley de Hidrocarburos podrá reimpulsar la industria petrolera?

Debido a la caída en la producción en los últimos años, el ejecutivo ha buscado múltiples alternativas para conseguir los fondos necesarios para levantar el sector, puesto que de aquí dependen en un 98% los ingresos de la nación. Especialistas han señalado que un cambio en el marco jurídico podría ser la solución.

Para conocer más a fondo sobre la caída de la producción del sector y cómo podría beneficiar un nuevo marco jurídico, el Periódico El Emprendedor entrevistó a Cesar Mata García, doctor en Derecho de la Universidad de Dundee, Escocia, consultor y profesor universitario en temas de energía.

El profesional señaló: “Esta situación tiene varias etapas. La primera cuando se dio el paro petrolero en el 2002 y despidieron a más de 20 mil trabajadores, perdiendo mano de obra calificada. A partir de allí PDVSA empieza a dar traspié, pero se mantiene la producción hasta aproximadamente el 2009, cuando empieza a decaer la producción de manera significativa por mala gerencia, falta de inversión y falta de pagos tanto a contratistas como a los socios.”

 A raíz de esto la Asamblea Nacional en noviembre del 2020 propuso crear una nueva Ley de Hidrocarburos. El abogado indicó: “En Venezuela han existido dos leyes de Hidrocarburos, la de 1943 y la del 2001. El proyecto de noviembre del 2020 es el resultado de dos propuestas, una que se manejó de la reforma parcial de la ley del 2001 y una nueva Ley de Hidrocarburos, que incluía la creación de una Agencia Venezolana de Hidrocarburos, llegando al consenso de crear un solo instrumento enmarcado en el mes de noviembre.”

¿Qué cambios propone esta ley?

A juicio del especialista el modelo de estado-empresario fracasó porque el estado no tiene dinero ni capacidad gerencial para honrar los compromisos y asumir las contrataciones que antes cumplía porque sí tenían el músculo financiero. “Debe moverse a una inversión privada donde quien contrate sea el inversionista, el sector privado y eso es lo que se ha buscado”, señaló.

Algunos de los elementos que busca el nuevo marco jurídico son: “apertura de la inversión, no control por parte del estado, la procura por parte de los privados, la regalía, la separación de roles entre el Estado empresario y el Estado regulador, es decir entre el Ministerio y PDVSA”, puntualizó.

El diputado Luis Stefanelli declaró a finales del 2020  otros aspectos relacionados al nuevo proyecto de ley. El parlamentario indicó que la inversión privada estará en todas las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos, sin que esto signifique que el estado no pueda participar en estas operaciones.

A su vez señaló que las regalías se establecen en 16, de los cuales 2/3 por ciento serían calculadas en relación a una fórmula con ajuste variable. No obstante indicó que estas regalías podrían bajar hasta un 1% con el fin de asegurar la factibilidad del proyecto, restituyéndose los números iniciales una vez que la inversión se haya amortizado.

El futuro de las empresas mixtas

 En el año 2001 se crea la figura de las empresas de propiedad mixta, un mecanismo que terminó de implementarse en el 2005 y que indica que el Estado tiene más del 50% del capital social y el control de las operaciones.

Al preguntarle qué pasaría con estas empresas el experto respondió: “En la nueva ley se mantiene el esquema de empresas mixtas pero no necesariamente con mayoría accionaria y control de las operaciones, porque eso no generaría confianza al inversionista.

El papel de la Ley Antibloqueo

A finales del 2020 se aprobó la polémica Ley Antibloqueo que le ha permitido al gobierno ceder control de algunos de los activos que estaba en su poder para poder obtener los ingresos que no ha podido recibir por la crisis, quiebre de empresas y el cerco financiero que le han impuesto otras naciones.

¿Qué papel jugaría esta normativa a la hora de atraer nuevos inversionistas al país? El doctor Mata García comentó: “Si tomamos la Ley Antibloqueo como fundamento jurídico para nuevas inversiones creo que son muy pocas las empresas serias, grandes y reconocidas que inviertan en Venezuela. No se necesita de esta ley para hacerlo porque lo que tendrían que hacer es llegar un acuerdo con PDVSA y con la FVT para ver cómo quieren participar.”

A su vez enfatizó sobre la validez de esta polémica normativa: “Es una ley que no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico venezolano. El contenido de esta posee unos elementos que cualquiera que conozca el ordenamiento jurídico venezolano y conozca los principios e instituciones internacionales sabe que esa ley es contenido político más que de fondo jurídico”, argumentó.

La importación de gasoil como solución a la escasez

El primer trimestre del año se ha caracterizado por presentar una aguda crisis del gasoil que ha afectado a prácticamente toda la industria nacional. Algunos empresarios y gremios económicos han propuesto la idea de ser los mismos productores y agentes privados quienes pudieran traer el combustible para solucionar parte del problema.

¿Es posible esto dentro del marco jurídico? El abogado respondió: “La Ley de Hidrocarburos actual no prohíbe la importación de combustible por parte de privados, lo que existe es un decreto del año 2002 que prohíbe la exportación de productos derivados por parte de la empresa privada.”

Ante esto indicó que la medida es factible con la ley actual, aunque habría que tomar ciertas medidas como la modificación de códigos arancelarios del SENIAT, permisología correspondiente, etc. Sin embargo, hizo la siguiente aclaratoria: “en el 2008 se dicta la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno Del Combustible que restringe el transporte terrestre de combustible y se lo reserva al Estado venezolano, así que para ejercer esa actividad habría que derogar esa ley o modificarse.”

Cambio en el modelo político

Las políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno en los últimos años les otorgó el monopolio absoluto de la industria petrolera, algo que pudieron mantener gracias al boom del 2009-2013 que generó un excedente de dinero que no fue reinvertido de forma ideal.

El marco jurídico actual presenta ciertos problemas que deben ser cambiados si se quiere resolver el problema de raíz. Son numerosas leyes orgánicas, decretos y otros reglamentos que se contradicen unas con otras, haciendo imposible elevar los números que situó a Venezuela como el mayor exportador petróleo del mundo.