Claves para entender la reestructuración de la deuda externa venezolana

Por muchos años, Venezuela mantuvo una política de pago de deuda externa inquebrantable. Durante las últimas 2 décadas nuestro país nunca pidió reestructurar ni refinanciar la deuda externa, sino que diligentemente pagaba sus compromisos con los tenedores de bonos de la república y de PDVSA.

Sin embargo, esta época llega a su fin, ya que a finales de la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro aseguró que debido a la caída de los precios del petróleo, y a las sanciones aplicadas por el gobierno estadounidense, el estado venezolano se ve en la necesidad de solicitar una "renegociación soberana" de la deuda externa.

Según distintos medios, la deuda externa venezolana casi alcanza los 70 millardos de dólares, una cifra nunca antes vista en la historia de nuestro país, y que representa el verdadero problema al que se ha enfrentado el estado para poder pagarla, suceso que eventualmente lo obligó a solicitar una reestructuración.

La deuda externa no es más que la suma de dinero que un país le debe a entidades internacionales cuando estas se encargan de ayudar a financiar el desarrollo económico nacional. El objetivo de acumular la deuda es poder proteger los recursos propios, mientras se acepta capital extranjero para continuar creciendo.

Es importante destacar que, de no pagarse esta deuda, Venezuela podría entrar en el denominado Default, un estado en el que Venezuela no podrá pedir financiamiento de ninguna naturaleza a entidades internacionales, ni podrá acceder a los mercados foráneos para acceder a divisas.

Estas deudas, contraídas en gran parte durante el gobierno de Hugo Chávez, e incrementadas durante la administración actual, no solo se distribuye en los dos grandes aliados del estado, China y Rusia, sino que la mayor parte se encuentra distribuida entre distintos inversionistas estadounidenses, según la firma de investigación Capital Economics.

Aunque medios y expertos, nacionales e internacionales, aseguran que no está muy claro cómo plantean esta reestructuración, sí se sabe que la misma será realizada en Caracas de la mano del vicepresidente Tareck El Aissami, quien se reunirá con los inversionistas para determinar qué será del pago de la deuda.

Ambos términos, reestructuración y refinanciamiento de la deuda, son parte del plan actual del gobierno. La reestructuración, que algunos aseguran es poco probable, significaría que haya un cambio en los tiempos y métodos de pago del gobierno. En cambio el refinanciamiento requeriría la adquisición de una deuda aun mayor, lo que hace que este método sea altamente peligroso para nuestro país.

Las polémicas surgidas

Como en todo tema de importancia internacional como lo es esta reestructuración de la deuda externa, han surgido una serie de polémicas. La más importante es la de designar al vicepresidente como el encargado de llevar a cabo esta "compleja" tarea. Eso se debe a que El Aissami ha sido acusado por distintos entes de seguridad internacional como un "capo" del narcotráfico, además de estar presuntamente involucrado con el grupo terrorista Hezbolá.

Aunque no se ha dado ninguna prueba oficial que realmente compruebe una conexión entre El Aissami y estos casos, sí se ha vuelto polémico ante la comunidad y la prensa internacional, como recientemente lo dio a conocer el medio especializado en negocios, Bloomberg, que sea él el elegido para llevar esta tarea.

Otras polémicas también incluyen el hecho de que la Asamblea Nacional es la única entidad venezolana con el poder para autorizar estas negociaciones, y que en ningún momento fue aprobada esta restructuración, o anunciado al público, previo a la rueda de prensa del presidente este viernes.

También entra aquí el hecho de que a finales de la semana pasada, ya se había realizado un pago de varios miles de millones a los tenedores de bonos venezolanos, por lo que muchos aseguran que esta sucesión de eventos no es del todo lógica para resolver la situación.

Como lo indicamos al inicio de la nota, el principal objetivo de esta estrategia del gobierno es poder evitar el default, lo que podría ser una sanción altamente negativa para Venezuela, ya que agravaría exponencialmente la situación económica del país, y según distintos expertos, sería el “golpe final” para la administración actual.

Por el momento no se sabe si realmente podrán lograrse estos objetivos, cuánto tiempo tomará, o qué posibles consecuencias le traerá al país a mediano y largo plazo.