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Experta explica riesgos penales a los que se enfrentan los empresarios con la LOTTT

Destacado Génesis Benítez, abogado senior de la firma LLM Group Consultores Génesis Benítez, abogado senior de la firma LLM Group Consultores

Desde el anuncio de la extensión del decreto de inamovilidad, cada vez más empresas temen incurrir en delitos del área laboral


En los últimos días del año pasado, el gobierno venezolano decretó la extensión del Decreto de Inamovilidad Laboral, uno que si bien es cierto parecería positivo debido a que disminuye las posibilidades de eliminar una fuente de ingreso en un periodo de crisis, en realidad ha generado innumerables polémicas a lo largo de la década.

Sin embargo, este decreto no es el único que ha creado preocupaciones en los empresarios que no tienen conocimientos en materia penal corporativa, sino que incluso La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT) se ha vuelto un "dolor de cabeza" para muchos. Es por eso que Génesis Benítez, abogado senior de la firma LLM Group Consultores, explicó los riesgos a los que se enfrenta un empleador al regirse bajo este cuerpo de leyes.

Benítez comienza explicando que este cuerpo de leyes, creado en el 2012, tiene el potencial de establecer sanciones que pueden ir desde 6 a 15 meses de arrestos para quienes decidan no acatar ciertas medidas. A pesar de lo polémico de alguna de las determinaciones que puedan tomarse en materia legal, no solo se genera un riesgo para la empresa, sino también para la seguridad de la persona.

La experta explica que las principales conductas que pueden ser sancionadas por entidades pertinentes son las del desacato a la orden de reenganche, violación del derecho a la huelga, incumplimiento u obstrucción a la Inspectoría del Trabajo, y el cierre ilegal e injustificado.

Del mismo modo, recuerda que todas estas infracciones deben ser "pagadas" por el representante de la empresa pero, en el caso de que este decida huir de la ley, son los miembros de la junta directiva los que deben acarrear las consecuencias, dando a entender que una junta que permita un acto ilegal, aun cuando no sean la que lo lleve a cabo, será sancionada.

Puede parecer redundante, pero incurrir en cualquiera de estos delitos, así como en actividades que puedan significar una sanción por parte de entidades gubernamentales, impide por completo el desarrollo de las actividades gerenciales y administrativas, por lo que la experta recuerda la importancia de contar con profesionales que nos ayuden a evitar situaciones de esta naturaleza.

En entrevistas anteriores con El Emprendedor, Benítez explicaba que uno de los errores que se cometían con mayor frecuencia era el de ignorar las órdenes de reeganche, ya que muchos gerentes no solo piensan que se trata de una decisión incorrecta, sino que además asumen que esto puede no traer consecuencias.

La experta recuerda que, aunque muchos empresarios pueden tener ciertas nociones sobre lo que se requiere para mantener una empresa que se apegue a las leyes (principalmente por los años de experiencia), la realidad es que se necesita de profesionales que puedan ayudarnos a crecer como organización, y a evitar incurrir en situaciones que puedan disminuir la productividad de la empresa.

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