Cómo los empresarios pueden batallar la violencia de género en Venezuela

En los últimos años, la sociedad ha comenzado a generar conciencia sobre la importancia de la equidad de género y las barreras que existen para lograr que cualquier persona, sin importar su sexo, pueda encontrar oportunidades laborales justamente remuneradas. Nuestra región, aunque lentamente, ha logrado avances que hasta hace unos años parecían impensados.

Sin embargo, el caso de Venezuela sería diferente, no porque carezca de iniciativas que apunten a la equidad de género, sino por la falta de información que existe en el área, y es precisamente esto lo que llevó a El Emprendedor a conversar con Génesis Benítez, abogado senior de la firma LLM Group Consultores, para que brindará conocimientos sobre el rol del empresariado en esta situación.

¿Qué es la violencia de género laborar?

Benítez comienza explicando que la violencia de género es entendida como todos aquellos actos dirigidos a denigrar, lesionar o disminuir (en comparación al hombre) a la mujer, solo por el hecho de ser mujer.

Sin embargo, cuando hablamos sobre una situación de esta naturaleza dentro del espacio de trabajo debemos referirnos específicamente a la violencia laboral, estipulada como aquella discriminación que surja por razones de sexo, apariencia física, edad, exigencia de practicarse exámenes de laboratorio (para descartar un embarazo), entre otros; todos ellos afectando el acceso, ascenso o permanencia en el ambiente de trabajo, así como cualquier vulneración de la regla de igual salario a igual trabajo.

Este concepto es único de Venezuela, ya que forma parte de la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de fecha del 28 de noviembre del 2014. Este cuerpo normativo establece todos los tipos de violencia que la ley reguló en beneficio y protección de la mujer venezolana.

Los demás tipos de violencia (que no son únicos del ambiente laboral) son: psicológica, física, sexual, acoso, hostigamiento, patrimonial, y femicidio.

El rol del empresario

Cuando se le cuestiona a Benítez sobre la carencia de información que existe sobre este tema, o sobre el registro de casos de violencia laboral en Venezuela, la abogada teoriza que puede deberse a la falta de realización de mesas de trabajo y programas formativos por parte de las entidades pertinentes.

Esta responsabilidad recaería inicialmente en el Ministerio Público y en el Ministerio para la Mujer, sin embargo, también es responsabilidad del empresariado venezolano, ya que es este el principal interesado de que se disminuya la comisión de delitos a nivel empresarial, no solo por la carga económica, sino también por la de desarrollo social.

La multa que recibe quien cometa un delito de violencia laboral es de entre 100 y 1.000 unidades tributarias, según lo estipulen las entidades pertinentes. Del mismo modo, la víctima recibe una indemnización por daños una vez se verifique la comisión del delito y se determinen los responsables.

Aunque la ley no establezca la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, la empresa no recibe un castigo sino los individuos que la compongan (específicamente, quien haya cometido el delito), sí existen beneficios fiscales para las empresas que tomen medidas para ayudar (mediante la reinserción) a personas que hayan sido víctimas de violencia de género.

Es por eso que Benítez sugiere que todos los empresarios venezolanos deben realizar un proceso de estudio de sus políticas internas para no solo ayudar a las víctimas, sino también para evitar que se cometan delitos de cara al futuro.

Algunos de los cambios más urgentes que deben realizarse en nuestro país se hacen claros a través de la eliminación de políticas que impongan requisitos sobre sexo, apariencia física, edad, exámenes de laboratorio para descartar embarazos, entre otros. Del mismo modo, deben crearse programas de formación para capacitar a su equipo humano a reconocer signos de violencia laboral, y los riesgos penales que existen de presentarse un comportamiento nocivo.

¿Cómo proceder ante un caso de violencia laboral?

Luego de pasar por las recomendaciones de expertos, inmediatamente debe procederse a colocar la denuncia ante el fiscal del Ministerio Público, o ante los órganos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La denuncia no solo puede ser realizada por la víctima, sino también por testigos.

Una vez interpuesta la denuncia, el procedimiento establecido en la ley es breve (en comparación a otro tipo de delitos) por ser específicamente violencia de género. El mismo dura alrededor de 4 meses para la instrucción del expediente, y la emisión del acto conclusivo por parte del Ministerio Público.

Como se mencionó, en el ínterin las víctimas del delito reciben determinadas medidas de protección a los fines de resguardar su integridad física, psicológica, laboral, y emocional en el transcurso del proceso penal. La víctima obtendrá una indemnización determinada por el tribunal, según los daños que se le pudieron haber ocasionado, una vez que se verifique la comisión del delito y se determinen los responsables.

Esta variará según el caso y la determinación de las entidades pertinentes, por ejemplo, en casos como los de acoso sexual, la indemnización es por el doble del monto de los daños causados.

La abogada explica que la cantidad de casos que su firma recibe por violencia de género en el ámbito laboral, es mucho menor a la registrada por violencia psicológica o física. Sin embargo, similar a lo que ocurre con los casos de delitos en materia de seguridad laboral, no significa que sean irrelevantes o deban desestimarse.

Esto se debe a que en muchos casos puede existir una falta de conocimiento por parte de la empleada, quien suele desconocer sus derechos y las entidades encargadas de protegerla. Del mismo modo también puede existir miedo a ataques personales o profesionales por parte de quienes cometieron el delito en su contra.

Benítez recuerda la importancia de contar con profesionales en materia penal corporativa para poder cimentar empresas que trabajen acorde a lo establecido por la ley, y evitar cualquier inconveniente en esta materia para asegurar el funcionamiento de la empresa, así como para mantener intacta la reputación de la misma.